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Profundizar
la descentralización en nuestro país, representa un desafío de enormes
proporciones, señala Hernández Becerra, dado que como “con la descentralización
se transfiere poder a los territorios (...) pero como dicho poder no lo ejerce
la ciudadanía, sino las elites políticas o las autoridades locales manipuladas
por estas elites, surge la pregunta de ¿cómo lograr que la descentralización se
traduzca en poder para la ciudadanía, y no se pierda en esos peajes de los grupos
elites de las regiones?”
Resolver
dicho interrogante, afirma el profesor emérito, implica superar los cuellos de
botella de la descentralización, tales como, “el sistema político, la
corrupción administrativa, el deficiente diseño constitucional de la
organización territorial del Estado, la escasa participación ciudadana” y el
ajuste de la política nacional de ordenamiento territorial o política general
de ordenamiento territorial.
“El
más grande adversario de la colombianidad es su sistema político, corrupto,
decadente y centralizado. Enemigo, por supuesto, de la extensión de la
democracia, del paso de la formalidad democrática a la democracia participativa.
Un Estado centralizado es más operativo para las necesidades de un sistema
político que funciona sobre la base del intercambio de favores entre los
diversos actores políticos, el saqueo de las arcas públicas, el cobro de
primas, comisiones o premios por tráfico de influencias (…) al acaparar el
poder decisorio sobre la destinación de recursos públicos, la contratación
estatal y el reparto de los empleos públicos (…) con un sistema político basado
en el clientelismo en el cual se intercambian votos por prebendas (…) para
crear condiciones de “gobernabilidad”, es decir, para comprar apoyo político
con el patrimonio del Estado, que es de la comunidad entera, para destruir toda
posibilidad de oposición política y para enriquecer a protegidos del régimen. En
consecuencia, se ha acentuado una cultura de la democracia simulada y de corrupción
galopante, por cuanto el dinero se agota en pagar favores políticos”. Señala el
exmagistrado Hernández Becerra.
Respecto
del ajuste de la política general de ordenamiento territorial al nuevo orden,
expresado como modelo de forma de estado descentralizado, implica una revisión
de las políticas sectoriales de desarrollo económico de intervención del Estado,
por cuanto son determinantes del ordenamiento territorial. En efecto, así lo
plantea Angel Masisris, “dentro de estas políticas, las sectoriales constituyen
directrices o determinantes de los planes de ordenamiento territorial. Se
destacan las políticas de ordenamiento ambiental, de desarrollo económico,
social y cultural, de ordenamiento de áreas geoestratégicas y de manejo de la
división territorial. La territorialización de estas políticas, dentro de un
contexto de desarrollo territorial sostenible y armónico, constituye el reto
del ordenamiento territorial”.
Más
aún, teniendo en cuenta que muchos de los sectores en Colombia han venido
protegiendo jurídica y territorialmente sus actividades, tal es el caso de la
minería, el medio ambiente, infraestructura, patrimonio cultural, comunidades
indígenas, donde se han establecido zonas de protección que excluyen
actividades ajenas a las de su sector para conservar sus áreas vitales…actividades
sectoriales todas que priman sobre las del territorio, y por tanto, sus agendas
ministeriales propenden por lo intereses exclusivos de su sector y no del bienestar
del territorio.
En
tal virtud, continua señalando Hernández Becerra, si “el Estado no transvasa
sus competencias y recursos en las entidades territoriales, si no hace un
esfuerzo mayor de financiación directa a los gobiernos municipales y
departamentales…se re-centraliza”, como ha ocurrido en los últimos 30 años,
perpetuándose de esta manera el abandono, la precariedad de servicios en la
periferia, la inseguridad y la violencia que nos ha acompañado durante toda
nuestra existencia republicana, al no intentar combatir la causa originaria de
nuestras violencias internas: el inequitativo reparto del poder, concentrado en
el centro de su territorio.
En
consecuencia, “la descentralización puede hacer la diferencia entre la guerra y
la paz. De hecho, la pugna entre centralismo y descentralización ha sido
responsable de las continuas guerras civiles. Sin que nos hayamos dado cuenta,
la falta de descentralización territorial quizá haya contribuido a las
repetidas violencias intestinas del siglo presente”, afirma el ex magistrado
del Consejo de Estado.
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