La mejor manera de empezar a superar el retraso,
la pobreza y el abandono estatal de tantos años a que han estado sometidos los restantes
casi mil municipios del país, descontadas las grandes ciudades y las ciudades
intermedias, es atreviéndonos a profundizar el proceso de descentralización.
Estamos hablando del casi 90% de los municipios del país, es
decir, de su inmensa mayoría…y precisamente por eso, es que acertadamente el
profesor Augusto Hernández Becerra afirma: “la problemática de nuestro país se
resume en una sola palabra: pobreza (…) el artículo 366 de la Carta establece
una noción de pobreza. Consiste en la carencia de aquellos servicios que son
indispensables para satisfacer las necesidades básicas insatisfechas (NBI),
condiciones mínimas de existencia o supervivencia biológica y digna. Dichos
servicios esenciales son salud, educación, agua potable y saneamiento ambiental
(…) Sin descentralización es absolutamente imposible hacer llegar esos servicios
a sus destinatarios en todos los puntos de la dilatada y accidentada geografía
colombiana donde están localizados o asentados”.
“La
descentralización territorial desempeña un papel claramente definido frente a
los propósitos de desarrollo sociales a los cuales se acogió la Constitución
Política de 1991, y es así como en función de ella quedó inscrito en la
Constitución un virtual plan de desarrollo para el país (…) En este sentido la
política constitucional de descentralización establece que las autoridades
locales deben estar en condiciones de satisfacer autónomamente las necesidades
de las comunidades que gobiernan”.
Proceso que
ha quedado a medio camino porque se descentralizan las competencias, pero no
los recursos, so pretexto de la corrupción…argumentación que esconde la
verdadera razón: “la trama de intereses creados a la sombra de la cultura
centralista (…) Por supuesto, la descentralización no está exenta de corrupción. De
hecho, en principio parecería que lo que favorece es la corrupción misma. Sin
embargo, crea condiciones más propicias que el centralismo para el saneamiento
de la administración pública, pues además de romper la racionalidad del stato
quo, (…) son más controlables las pequeñas administraciones, más penetrables
por las veedurías ciudadanas, más pequeños los robos, y más débiles los
actores”, señala Hernández Becerra.
De manera que,
fortaleciendo la institucionalidad municipal en estos territorios de la nación,
que son su inmensa mayoría, podremos pasar, al fin, la página… e iniciar el
tránsito hacia una Colombia que propenda por el mejoramiento del nivel y
calidad de vida no solo del Centro de su territorio sino también de su enorme
periferia.
Y sin
mencionar la Colombia sin municipio, la extrema periferia…entre quienes se
destacan las diecinueve (19) áreas no municipalizadas-ANM que se encuentran ubicadas
en los departamentos de Amazonas (9), Guainía (7) y Vaupés (3) y que representan
el 93%, 78% y 45% de la extensión de cada uno de estos departamentos
respectivamente, es decir, la casi totalidad de los departamentos de Amazonas y
Guainía y la mitad del departamento de Vaupés…enormes extensiones de territorio
sin institucionalidad, donde la mejor manera de que satisfagan sus necesidades
básicas es dándoles la oportunidad de acceder a servicios esenciales a través
de la institucionalidad, vale decir, otorgándoles el estatus jurídico de
municipio de régimen especial o de entidad territorial indígena-Etis, tal como
ocurrió con el área no municipalizada-ANM de barrancominas ubicada en el
departamento del Guainía, erigida, en el año 2019, en el municipio 1.103 de
nuestra patria.
Cualquier otra manera de llevar la
institucionalidad a estos territorios, distinta al fortalecimiento local y a conceder
estatus jurídico, a mi juicio, son variedades de asistencialismo que perpetúan
la dependencia y el abandono, y por lo tanto, socavan la libertad y el derecho
de las pequeñas comunidades a autoorganizarse. Proceso de descentralización,
que como todo cambio, debe hacerse gradual, con proyectos piloto, mecanismos de
control, sistema de seguimiento y metas de corto, mediano y largo plazo, a fin
de iniciar la transición y consolidar en el largo plazo los fines de autonomía
y desarrollo en estos territorios, que no hemos conseguido en más de doscientos
años de vida institucional.
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