El decreto 0488 de 2025 lo que busca es subsanar el
vacío legal al cual se encuentran sometidos los antiguos corregimientos
intendenciales y comisariales desde la Constitución del 91, pues durante años se han hecho varios intentos legislativos, los
cuales fueron declarados, en su momento, inexequibles por La Corte.
Por tanto, su
finalidad, mientras el congreso expide la ley orgánica de ordenamiento territorial que
consagra el art 329 superior, es reconocerles a estos
territorios, las denominadas Áreas No Municipalizadas-ANM, el estatus jurídico,
como entidad político administrativa de carácter especial del Estado, para que
no continúen en el limbo jurídico ni siendo inexistentes para el ordenamiento,
y de esta manera puedan gestionar autónomamente sus intereses y necesidades.
“Incorporar […] a la vida de la Nación [territorios marginales] mediante
el reconocimiento de identidad política [que les brinda la entidad territorial,
no solo les permite obtener los] beneficios que ofrece el Estado, [sino que
permite] construir Nación [mediante la creación de institucionalidad]”, afirma
el constitucionalista Hernández Becerra.
La debilidad estructural de la Paz Territorial
de los Acuerdos de la Habana, consistió, precisamente, en reducir la estrategia
de búsqueda a encontrar la mejor manera de llevar la institucionalidad a los
territorios, según lo afirmara el Comisionado Sergio Jaramillo, el día 30 de
enero de 2016 en el conversatorio oportunidades de la paz en HAY FESTIVAL,
televisado por el canal institucional: “tenemos que pensar en maneras más
inteligentes de llevar la
institucionalidad a los territorios, que es el objetivo final de este
proceso […]. Tenemos que lograr la integración de los territorios, construir
infraestructura, llevar institucionalidad a las regiones. Tenemos que reconocer que no hemos sido
buenos históricamente en esto”.
En tal virtud, los Acuerdos de la Habana
estuvieron enfocados exclusivamente en llevar la institucionalidad a los
territorios, en lugar de propiciar que la institucionalidad se quedara en los
territorios. Estrategia ineficaz, pues, la única manera, la forma más
inteligente de institucionalizar la nación…es otorgándoles el estatus de ente
territorial a las comunidades marginales que habitan en veredas, corregimientos
y en estas áreas no municipalizadas para que inicien el proceso de autogobierno
de sus intereses. Lo demás son variantes de asistencialismo, que han perpetuado
la dependencia y el subdesarrollo de estos territorios durante siglos.
“Integrar estas zonas a un desarrollo
institucional y social sostenible es la mejor manera de hacer presencia estatal
y romper el círculo vicioso [de la violencia- abandono estatal- marginalidad,]
que le permite a la violencia alimentarse de la marginalidad, y a los
marginales quedar bajo la intimidación de los violentos”, señala Restrepo
Ramírez Luis Carlos.
Mediante
esta institucionalización del país, como lo afirma Hernández Becerra,
“estaríamos construyendo nación y paz [territorial] al concederles identidad
propia a esos lugares recónditos y olvidados del territorio patrio, que son, [a
la vez,] el escenario del conflicto”. De esta manera, “otorgándoles
identidad política a las pequeñas comunidades, las sociedades, se han
convertido en países prósperos. Tal fue lo que sucedió en Francia y España
donde los cuarenta y cuatro mil (44.000) municipios franceses nacidos bajo la
revolución francesa surgieron del reconocimiento
oficial de todas las comunidades de habitantes existentes en esa época, y los
ocho mil ciento cuatro (8.104) municipios españoles, bajo la Constitución de
1812, la cual estipulaba que “se pondrá ayuntamiento en los pueblos que no lo
tengan y en que convenga le haya, no pudiendo dejar de haberle en lo que por sí
o con su comarca lleguen a las mil almas””.
Efectivamente,
donde más se ha evidenciado la ausencia del Estado, en nuestra nación, ha sido
especialmente en las regiones donde predominan los cultivos ilícitos. Por lo
tanto, “una política de Estado para preservar la unidad nacional sometida a tan
dura prueba debería empeñarse en convertir las asociaciones naturales de
familias colombianas, dispersas en miles de lugares remotos, en asociaciones
políticas partícipes de la nacionalidad común”. Pues,
“sin [una estrategia de]
descentralización es absolutamente imposible [garantizar la gestión y auto
sostenimiento de estos] servicios a las comunidades marginadas y pequeñas de la
Nación”, señala el ex magistrado el Consejo de Estado Hernández Becerra.
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