domingo, 10 de agosto de 2025

La Constitución del 91 no se ha agotado…en lo territorial precisa la profundización del principio autonómico

 




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Profundizar la descentralización y la autonomía en nuestro país, representa un desafío de enormes proporciones, señala Hernández Becerra, dado que “con la descentralización se transfiere poder a los territorios (...) y como dicho poder no lo ejerce la ciudadanía, sino las elites políticas o las autoridades locales, manipuladas por estas elites, surge la pregunta de ¿cómo lograr que la descentralización se traduzca en poder para la ciudadanía, y no se pierda en esos peajes de los grupos elites de las regiones?”

 

Resolver dicho interrogante, afirma el profesor emérito, implica superar los cuellos de botella de la descentralización, tales como, “el sistema político, la corrupción administrativa, el deficiente diseño constitucional de la organización territorial del Estado, la escasa participación ciudadana” y la política nacional/general de ordenamiento territorial que privilegia el enfoque sectorial, vale decir, centralista.

 

Como existe “un fermento federal/autonómico que todavía no se ha aprovechado”, el ex magistrado Hernández Becerra propuso unas estrategias en el foro internacional por una Colombia federal celebrado en julio de 2023 en Santa Marta…”se trata de cambios quirúrgicos y puntuales, de orden constitucional o legal, que encaminen progresivamente la organización territorial hacia las proximidades del federalismo…estrategias de cambios cuidadosamente seleccionados y planificados que formarían un nuevo proceso de descentralización, que con ventajas sobre el anterior, el que arrancó en el 91, se fijaría propósitos concretos y verificables y tendría como norte transformar la organización territorial bajo la inspiración del principio federalista/autonómico:

 

I.         REFORMAS LEGALES. 1. Otorgar más competencias al departamento para coordinar a los municipios; 2. Establecimiento de estatutos departamentales especiales y diferenciados; 3. Devolución de competencias nacionales al departamento; 4. Federalismo cooperativo…por medio de los principios de concurrencia, subsidiariedad y coordinación. Funciones constitucionales que no han tenido desarrollo legal; 5. Adaptar el sistema general de participaciones.

 

II.       REFORMAS CONSTITUCIONALES, que son de mayor calado que requieren más fuerza y respaldo político: 6. Departamentalizar la elección de senadores…acabar con la circunscripción nacional. Esto significa que se arrebatan a los territorios su representación política en el senado; 7. Elección de Diputados en circunscripciones uninominales. Que no se elijan por listas…sino por distritos…para que cada división territorial tenga su representación; 8. Convertir a los departamentos en autoridades ambientales, es decir, suprimir las CARS y pasar esas funciones a los departamentos; 9. Reducir el número de diputados…21 son muchos”

 

Respecto del ajuste de la política general de ordenamiento territorial al nuevo orden, expresado como modelo de forma de estado descentralizado, se analizarán los planteamientos del Dr. Angel Massiris, que implican una revisión de las políticas sectoriales de desarrollo económico de intervención del Estado, por cuanto son determinantes del ordenamiento territorial. En efecto, “dentro de estas políticas, las sectoriales constituyen directrices o determinantes de los planes de ordenamiento territorial. Se destacan las políticas de ordenamiento ambiental, de desarrollo económico, social y cultural y de ordenamiento de áreas geoestratégicas. (…) la territorialización de estas políticas, dentro de un contexto de desarrollo territorial sostenible y armónico, constituye el reto del ordenamiento territorial”.

 

Si bien los municipios son los competentes constitucionalmente para reglamentar los usos del suelo en su jurisdicción, “el 82,3% del suelo es regulado por el gobierno nacional”, señala el geógrafo Fabian Suarez.

 

En consecuencia, continua señalando Hernández Becerra, si “el Estado no transvasa sus competencias y recursos en las entidades territoriales, si no hace un esfuerzo mayor de financiación directa a los gobiernos municipales y departamentales…se re-centraliza, como ha ocurrido en los últimos 30 años, perpetuándose de esta manera el abandono, la precariedad de servicios en la periferia, la inseguridad y la violencia que nos ha acompañado durante toda nuestra existencia republicana, al no intentar combatir la causa originaria de nuestras violencias internas: el inequitativo reparto del poder, concentrado en el centro de su territorio”.

 

 

 

 

 


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